Cerca de 500 servidores públicos recibieron la capacitación que tuvo como sede el salón Independencia de Casa de Gobierno.

Morelia, Michoacán a 21 de abril 2017.- La   Secretaría de la Contraloría de Michoacán (Secoem), en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realizó la capacitación en Materia del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigido a servidores públicos del Poder Judicial del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa, Auditoría Superior de Michoacán, Secretaría de Gobierno y de este Órgano Estatal de Control de Michoacán, con el fin de potenciar la implementación del Sistema Anticorrupción en el estado.

Ante la presencia de la magistrada suplente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, María Alejandra Pérez González, y del Auditor Especial de Normatividad de la Auditoría Superior de Michoacán, Artemio Zaragoza Tapia, la titular de Secoem, Silvia Estrada Esquivel, subrayó la importancia de la armonización normativa, prevista por las disposiciones constitucionales, a aplicarse en las bases generales y las políticas para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Asimismo,  puntualizó que las herramientas legales, constituidas en el Sistema Nacional Anticorrupción, son el primer paso para combatir la corrupción, siendo una de las tareas primordiales de todo gobierno y de los servidores públicos, el de hacer frente  y promover una nueva realidad gubernamental

“Michoacán se ha sumado a la exigencia de la sociedad y desde la Secretaría de la Contraloría asumimos el compromiso gubernamental de apelar al principio del respeto a la ley; de erradicar los abusos desde la función pública”, enfatizó.

Estrada Esquivel señaló que la tarea de todo gobierno es alentar una nueva cultura de la honestidad y de la transparencia, que implique la capacitación y la actualización de los servidores públicos en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, para que a su vez en nuestra entidad federativa puedan armonizarse en este sistema.

“Por ello, la importante participación del Poder Legislativo, en donde el Ejecutivo del Estado ha presentado el proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción que será lo que nos regirá en próximos meses”, subrayó.

 

En ese tenor, el comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ulises Merino García, dijo que la lucha contra la corrupción comprende cuatro ejes: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y Gobierno Abierto, con lo cual se debe dar muestra de que las viejas prácticas están cambiando para el bienestar de Michoacán.

En su turno, el magistrado instructor de la Segunda Ponencia, en representación de Griselda Lagunas Vázquez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, Arturo Bucio Ibarra, manifestó que se está trabajando en generar la cultural de transparencia hacia el interior de los componentes de los propios tribunales, “para poder hacer frente de este gran reto, de llevar a cabo la labor correctiva de todas las conductas irregulares que sean detectadas a partir de la revisión, vigilancia y análisis que hagan los órganos internos de control en el estado”.

La capacitación en la materia fue impartido por el director de Seguimiento de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Jorge Luis de León Cruz, a 500 servidores públicos a quienes detalló la integración del Sistema Anticorrupción, y las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos a nivel estatal.

Además de enumerar las responsabilidades de los servidores públicos y realizar un análisis detallado del contenido de las leyes secundarias.

En la capacitación estuvieron presentes la subsecretaria de Enlace Legislativo y Asuntos Registrarles de la Secretaría de Gobierno del Estado, Verónica García Reyes, así como servidores públicos de la Auditoría Superior de Michoacán, del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado, del órgano garante y del Tribunal de Justicia Administrativa.