CIUDAD DE MEXICO LUNES 12 DE MARZO 2018:-: La senadora Iris Vianey Mendoza del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición, que agrega un supuesto para la federalización de una denuncia cuando en la entidad federativa de la víctima que denuncia esté en peligro su vida, su libertad y su integridad física. El pasado 17 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo Decreto entró en vigor a partir del 16 de enero de 2018, como lo establece el Transitorio Primero.

La lucha por la expedición de una ley en materia de desaparición forzada es tan larga que data en nuestro país como la infame práctica de privar ilegalmente de su libertad a una persona; en México durante el periodo de los años 60 a los 80, esta práctica fue perpetrada, principalmente, por diversas autoridades federales, estatales y municipales en contra de quienes, de diferentes maneras y a través de distintas formas de lucha, se confrontaban con el sistema político de un partido hegemónico de desigualdades y de represión. A partir de la decisión de impulsar un paradigma militarizante de la seguridad pública y de la errada estrategia de sólo utilizar la punición para el combate a los grupos y bandas de la delincuencia y de los grupos delincuenciales de alto impacto, se extendió la práctica y desde 2007 a la fecha, la desaparición de personas es una ignominiosa práctica de desaparición forzada que ejercen los agentes de las fuerzas del Estado y, también, particulares.

Supuestos que fueron incorporados a la legislación en materia de desaparición de personas en nuestro país, por lo que se podrá hacer un registro desglosado para tener la información acerca de cuántas de las más de 34 mil quinientas personas reportadas como desaparecidas son detenidas y cuántas son desaparecidas por particulares. El objetivo de esta Iniciativa es proteger la vida, la libertad y la integridad física de las víctimas que presentan denuncias en sus entidades federativas y que por las condiciones de inseguridad y de violencia extrema que se vive, quedan expuestas a que las asesinen y/o desaparezcan. Las madres y familiares de personas desaparecidas de los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Querétaro y Tamaulipas que del 17 al 30 de enero de 2018 se instalaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en plantón/huelga de hambre, demandaban a la Procuraduría General de la República que sus casos fueran atendidos en la Fiscalía Especializada federal por el temor de ser agredidas, incluso fatalmente como ya le ha sucedido a algunos de los familiares, en sus estados  cuando se atreven a presentar la denuncia.